EL FORO DE SANEAMIENTO PLANTEA DENUNCIAR A LA JUNTA.-

Artículo Diario Sur
Autor Francisco Jimenez
ENLACE AL ARTÍCULO

Primero se fijó para 1995, después para 2002 y luego para 2007, pero como no fue posible, empezó a hablarse de 2012. Tampoco se va a alcanzar el año que viene, así que la meta está ahora en 2015, fundamentalmente porque así lo exige la Unión Europea. El vertido cero de aguas residuales al mar es la gran asignatura pendiente de la Costa del Sol durante las últimas cuatro décadas. Las hemerotecas están repletas de compromisos políticos poniendo fecha a la culminación del mapa del saneamiento en la provincia, pero lo cierto es que a día de hoy sigue quedando mucho por hacer para que el sector turístico deje de agachar la cabeza cada vez que las natas asoman por las playas. «Estamos cansados de tantas promesas incumplidas», afirma tajante Salvador Vilches, coordinador del Foro del Saneamiento Integral de la Costa del Sol.


Desde el año 2007, este colectivo encabezado por los empresarios turísticos ha sido el principal azote del Gobierno y la Junta para que de una vez por todas se ejecuten las infraestructuras pendientes para garantizar el tratamiento del cien por cien de las aguas residuales. Pese a sus exigencias, siempre se han mostrado dispuestos a arrimar el hombro, pero la lentitud administrativa para lograr el fin de los vertidos está colmando su paciencia hasta el punto de que están estudiando llevar el asunto a los tribunales. «En la próxima reunión del día 25 vamos a debatir la posibilidad de acudir a la vía jurídica por los reiterados incumplimientos», asegura Vilches. La amenaza apunta directamente a la Junta de Andalucía, que es la que ostenta las competencias en materia de depuración de aguas desde 2006, aunque no descartan la exigencia de responsabilidades al Gobierno por el déficit histórico que padece la provincia, con el caso flagrante de Nerja, donde la depuradora sigue siendo una quimera después de una década de trámites para su construcción.

«No hay dinero»

«Aunque ahora se hable de 2015, el incumplimiento es ya una realidad. ¿Dónde están las obras? Si la ampliación de Guadalmansa (Estepona) está paralizada porque no hay dinero, ¿qué va a pasar con el resto de depuradoras pendientes?», se pregunta el portavoz del Foro. Al no estar constituido oficialmente como asociación, este colectivo no tiene entidad jurídica para presentar una demanda, pero como señala Vilches, «hay 29 asociaciones que lo integran que sí la tienen, así que analizaremos cuál es la mejor fórmula para dar este paso».

La idea de reclamar justicia surge a tenor de los «escasos avances» que se han registrado desde que hace ahora un año el Consejo de Gobierno de la Junta declarara de interés comunitario 47 obras para culminar el saneamiento en la provincia, con una inversión estimada de 390,1 millones que se financiaría, mayoritariamente, con el canon de mejora de infraestructuras que se está aplicando en la factura del agua desde el pasado 1 de mayo.

Entre estas actuaciones, las de mayor envergadura son la construcción de la depuradora de Nerja y la tercera de la capital, menos urgente pero igual de necesaria dado que las dos actuales (Guadalhorce y Peñón del Cuervo) están a punto de no dar más de sí y que, cuando se ponga en marcha, recogerá la carga contaminante de núcleos del área metropolitana como Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Campanillas, Churriana y Puerto de la Torre. Además, también se incluyen en este plan las ampliaciones de La Víbora (Marbella), La Cala de Mijas, Manilva y Antequera y, sobre todo, una veintena de nuevas estaciones para poner fin los vertidos a ríos y arroyos de los residuos que generan unas 150.000 personas que residen en los pueblos del interior.

En este punto, desde el Foro también ponen en entredicho el mensaje de la Consejería de Medio Ambiente que sitúa en un 90% el porcentaje de población en la provincia cuyas aguas son tratadas correctamente antes de ser devueltas al mar. «Ese dato es falso, porque está fundamentado en el padrón de 2008, en el que no figuran ni los residentes sin empadronar ni los millones de turistas que nos visitan cada año», subraya Vilches.