Hoy ha comenzado el juicio al alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza, por delitos urbanísticos, después de que el pasado mes de junio se suspendiera a petición de las defensas que alegaron distintos motivos. En el proceso también se juzga a otro acusados.
En esta causa se investigaron siete hechos. Al regidor se le acusa de cuatro delitos contra la ordenación del territorio y de siete de prevaricación urbanística por autorizar obras de viviendas en terreno no urbanizable cuando se pidió permiso para almacén, así como reforma de edificaciones "inexistentes" en el periodo 2003-2004. Además, están acusados algunos solicitantes de licencias, la mayoría de ellos extranjeros.
El magistrado acordó aplazar el juicio con el fin de resolver mediante un auto la cuestión de prescripción alegada por una de las defensas, petición a la que se han adherido las demás, y porque dos de los acusados, que estaban en busca y captura, y un letrado no comparecieron en su momento.
La Fiscalía solicita para el alcalde de Tolox un año de prisión y 10 de inhabilitación por cada delito de prevaricación urbanística y nueve meses o un año de cárcel, según los casos, además de multa, por los delitos contra la ordenación del territorio, aunque se señala que sería de aplicación el artículo 76 del Código Penal, que alude al cumplimiento del triple de la pena máxima.
En el primero de los casos relatados por el fiscal, se indica que el regidor autorizó al día siguiente de solicitarlo una de las acusadas, administradora de una inmobiliaria, la licencia para la reforma de una vivienda "inexistente" en suelo no urbanizable. El proyecto técnico y la ejecución de la construcción se encargó por dicha acusada a una arquitecta técnica, también procesada.
La acusación pública sostiene que el regidor dictó la resolución a favor de la solicitante, que era su amiga, "a sabiendas de su injusticia" y con informe desfavorable de la secretaria del Ayuntamiento. La responsable de la inmobiliaria vendió la finca a un matrimonio extranjero, realizándose, presuntamente, una construcción de una vivienda unifamiliar con piscina.
La denuncia por la edificación fue trasladada al Ayuntamiento "sin que el alcalde ordenara inspección alguna ni abriera expediente sancionador de restablecimiento de la legalidad urbanística", sino que, al contrario, "admitió una nueva solicitud de licencia para un almacén de aperos, según se pone de manifiesto en dicha calificación provisional.
En otros hechos relatados en el escrito inicial del fiscal, supuestamente el regidor otorgó escritura de segregación y venta de partes de una finca de su propiedad a extranjeros, encargándose la construcción y la obtención de los permisos a la administradora de la inmobiliaria, quien a su vez contrató la parte técnica a la mencionada arquitecta.
La Fiscalía señala que el alcalde dio en algún caso licencia para reforma de casas "inexistentes" y en otros para un almacén o alberca, construyéndose, además, una vivienda unifamiliar; "sin que en ningún momento denunciara o iniciara expediente administrativo". En un caso, es Vera el que pide y obtiene el permiso, concedido por el teniente de alcalde que está acusado.
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