LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PUEDEN PEDIR LA REVISIÓN A LA BAJA DEL IBI.-

FUENTE  DIARIO SUR

La mayor parte de los municipios de la provincia, incluida la capital, tienen desde este año una herramienta para reducir los valores catastrales de los inmuebles y, con ello, las cuotas que los ciudadanos pagan por los tributos que los toman como base, como es el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía y los de sucesiones o transmisiones patrimoniales que cobra la Junta de Andalucía, entre otros. Desde finales del año pasado se encuentra en vigor una modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario que permite a los ayuntamientos solicitar una revisión o actualización de los valores catastrales vigentes siempre que se cumplan dos condiciones indispensables: que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de la última ponencia de valores y «que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio».

Este último requisito se cumple en una gran parte de las localidades malagueñas donde, debido a la crisis, los valores del mercado inmobiliario actuales han quedado muy por debajo de las ponencias elaboradas por el Catastro hace cinco o más años, cuando los efectos de la recesión económica no habían hecho mella aún de forma significativa en los precios.

Todos aquellos municipios en los que la última ponencia causó efecto en el año 2009, como es el caso de la capital, ya pueden acogerse a esta medida, que debe solicitarse antes del 31 de enero del año anterior a aquel para el que surtiría efecto. Es decir, si lo piden ahora, se aplicaría en 2015. Una vez cursada la petición, es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el encargado de estudiar en cada caso los requerimientos que le lleguen de los diferentes ayuntamientos para ver si cumplen los requisitos mencionados. En caso de que así sea, se establecerá un coeficiente de actualización de los valores catastrales del municipio en concreto que, previsiblemente, será a la baja pero sin tener previamente fijado un intervalo de reducción concreto. Podría ser del 15% ó del 10%, o incluso superior o inferior a esos porcentajes. Eso sí, este coeficiente se aplicaría a todos los inmuebles de la localidad por igual.

Pese a que lo había solicitado anteriormente pero sin que se cumpliera el plazo de cinco años marcado por la ley, por lo que le fue denegado, la capital ha anunciado esta semana que no hará uso de esta herramienta para amortiguar la subida del IBI por el llamado 'catastrazo'. Considera que puede haber otros mecanismos, como la reducción del tipo impositivo.

Por su lado, algunos de los grandes municipios de la provincia todavía no tienen la opción de poder pedir la actualización de los valores catastrales porque su ponencia no ha cumplido cinco años. Es el caso de Alhaurín de la Torre, donde la última ponencia de valores catastrales entró en vigor en el año 2010, Antequera (2013), Manilva (2011), Marbella (2012), Ojén (2011), Ronda (2013) y Torrox (2013), entre otros.

¿Y el resto? ¿Hasta qué punto estarán dispuestos a acogerse a esta alternativa los equipos de gobierno de los ayuntamientos que ya pueden utilizarla para frenar la escalada del IBI y de los impuestos de transmisiones de inmuebles en plena crisis? ¿Estarán conformes con sacrificar una buena parte de sus ingresos tributarios en favor del bolsillo de los vecinos? De aquí al 31 de enero del año que viene se verá cuáles están realmente decididos a ponerse en las manos del Catastro para que actualice unos valores que, en muchos casos, han quedado muy por encima del mercado.