A LA ESPERA DE REGULARIZAR 10.000 VIVIENDAS.-

FUENTE. OPINIÓN DE MÁLAGA



Guadalhorce y Sierra de las Nieves inician la regularización de unas 10.000 viviendas

Casi una quincena de municipios del Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves se encuentran inmersos en el proceso de regularización de las viviendas en suelo no urbanizable. Según los datos de que disponen los ayuntamientos, en las próximas semanas unas 10.000 viviendas pueden comenzar su proceso de legalización.

Los años de bonanza económica y del boom inmobiliario hicieron que muchos vecinos construyeran viviendas fuera de ordenación. Un problema que se extendió por la gran mayoría de los municipios de Andalucía, y que abocó a la Junta a aprobar un decreto, el 2/2012; encaminado a sentar las bases para que los propietarios de la viviendas irregulares puedan legalizarlas, pero eso sí, con un coste económico que no será fácil de asumir.

De hecho, la regularización de las viviendas también va encaminada a facilitar a los propietarios y residentes un mejor acceso a los servicios y suministros básicos como agua y luz.

Pero el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves cuentan además con particularidades que hacen de la regularización de las viviendas un problema de difícil solución. La comarca del Guadalhorce cuenta con gran cantidad de terreno protegido sobre todo a las orillas del río, como zona inundable, y de protección especial de regadío por lo que cientos de viviendas quedarán fuera de la legalidad.

Por su parte, la Sierra de las Nieves, al ser catalogada Reserva de la Biosfera y Parque Natural, tiene una protección mayor, de ahí que también queden fuera de ordenación cientos de viviendas.

El Ayuntamiento de Coín se enfrenta al mayor número de viviendas por regularizar en el Guadalhorce. De unas 7.000 construcciones, el 70% son viviendas, pero serán unas 4.400 las que según prevé el Consistorio puedan ser regularizadas. Aquí, la regularización tendrá un coste para el propietario del 5% respecto al presupuesto de ejecución de la obra.

En Cártama se prevé regularizar unas 2.400 viviendas de unas 3.000 construcciones que se han registrado en suelo no urbanizable. El Consistorio, que ya cuenta con las normativas aprobadas, ha puesto una tasa que corresponde al 6% del coste de las obras a ejecutar.
Alhaurín de la Torre también ha comenzado los trámites necesarios para la regularización de viviendas en terrenos no urbanizables que podría beneficiar a unas 500 viviendas irregulares.

Del mismo modo, en Pizarra, que ya cuenta con las ordenanzas aprobadas, a la espera de que entren en vigor, podrían regularizarse unas 200 viviendas. Igualmente, en Casarabonela, que aprobó las normativas a primeros de año, se podrían regularizar más de 400 viviendas, la misma previsión que en Tolox.

Mientras tanto algunos municipios como Alhaurín el Grande, Alozaina, Ardales, Carratraca, Guaro y Monda, están elaborando las normativas y otros, como Álora, que tiene las normas aprobadas, está pendiente de catalogar las viviendas que podrán acogerse al proceso de regularización.

Normativas que dan luz verde a la regularización

El Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía otorga la potestad a los ayuntamientos de redactar normativas para la regularización de las construcciones en suelo no urbanizable, siempre dentro de unos límites establecidos por el decreto. Por una parte, la ordenanza que declara construcciones e instalaciones establecidas en suelo no urbanizable en situación asimilada a la legal de fuera de ordenación de usos, regula que podrán regularizarse las construcciones en el campo que no se encuentren inmersas en ningún proceso sancionador, que no estén en suelo de especial protección o inundable, y tengan más de seis años de antigüedad, tiempo establecido en el decreto de la Junta por el cual ha prescrito el supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La segunda de las ordenanzas es reguladora de las Normas Mínimas de Habitabilidad y Salubridad de las Edificaciones en Suelo no Urbanizable. Es decir, para iniciar el proceso de regularización, el propietario tendrá que aportar la documentación de identificación del inmueble afectado, la fecha de terminación de la edificación y la certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.

Con estas dos ordenanzas, los titulares de este tipo de construcciones en el campo, podrán solicitar en el ayuntamiento un certificado por el cual podrán iniciar diferentes trámites como registrar la propiedad de la vivienda y pedir los servicios y suministros básicos, como agua o luz.

Este certificado, que emitirá el propio Ayuntamiento, tendrá un coste para el propietario recogido en la ordenanza fiscal que regula la tasa a cobrar a estos titulares, ya que según marca el Decreto el coste del servicio tiene que costearlo el propietario de la vivienda.