El conflicto por la apertura del Hospital del Guadalhorce –finalizado hace más de un año– ha puesto sobre la mesa un problema más al hecho de mantener cerrado un centro hospitalario de cuyo funcionamiento depende la asistencia sanitaria de casi 150.000 personas.
Queremos referirnos al divorcio que se ha producido entre el movimiento vecinal y los partidos políticos que se han hecho con el control de la Plataforma Pro Hospital, principalmente Izquierda Unida, con el apoyo, seguimiento o consentimiento del PSOE. Esta plataforma, en la etapa anterior a la construcción del hospital ya estuvo nucleada alrededor de IU mientras tuvo sentido su existencia. Ahora, eran los movimientos vecinales los que estaban poniendo en marcha una nueva plataforma que reivindicara ante el Gobierno de la Junta de Andalucía el cumplimiento del compromiso de abrir el hospital. Después de haber recogido más de 2000 firmas y de estar haciendo el meritorio trabajo de ir aglutinando laboriosamente a las Asociaciones vecinales de los distintos pueblos de la comarca, reaparecen los partidos –y en vez de sumarse como una fuerza de apoyo– movilizan a sus militantes, y en una asamblea celebrada en Coín el pasado 23 de mayo, resucitan la vieja plataforma y a su anterior coordinador.
Ante una acción de estas características los vecinos tienen muy poca capacidad de reacción, dada la fuerza que los resortes del poder les otorgan en España a los partidos para tener la sociedad civil a su merced. La consecuencia ha sido que el Foro Vecinal de Cártama, principal impulsor del nuevo movimiento a favor de la apertura del hospital, ha decidido abandonar la renacida plataforma.
Algo de esto es lo que está pasando en las vicisitudes que acompañan a la reaparecida Plataforma Pro Hospital del Valle del Guadalhorce. Que el PSOE e IU traten de imponerse sobre los vecinos organizados sin adscripción política partidaria es un error de bulto y una estafa a la ciudadanía guadalhorceña. Ambos partidos gobiernan Andalucía, y sólo de su determinación depende que se abra el hospital. ¿Nos quieren hacer creer que se van a poner al frente de las movilizaciones populares para presionar a su propio gobierno a tomar una decisión que depende de sí mismos? Esto de hacer, en el mismo tiempo histórico, de gobierno y oposición es un trampantojo político poco presentable que sólo busca réditos electorales a futuro.
Por lo que respecta al PSOE, la consejera de Salud no puede estar escudándose en el incumplimiento del Ayuntamiento de Cártama (al no poder pagar los tres millones de euros que suman las obras de la acometida eléctrica del centro y los accesos) para mantener cerrado el hospital. Su obligación consiste en preparar las infraestructuras que queden por completar, equipar el hospital y dotarle de la plantilla correspondiente. Una vez abierto, que le reclame al consistorio cartameño lo que se ajuste a los compromisos firmados, mediante el método que considere más adecuado en tiempo y forma.
Si las dificultades que tiene la Junta de Andalucía para afrontar la apertura del hospital son de índole económica, la solución dependerá de reordenar las partidas presupuestarias en el próximo ejercicio, dirigir los recortes hacia el gasto público improductivo –donde, a buen seguro, habrá mucho de donde tirar– y reasignar los recursos necesarios que demanda poner en marcha el hospital. Lo que no se puede hacer es mantener la confusión sobre un problema cuya solución es crucial para tantos ciudadanos.
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