EL SOBRECOSTE DE LA SANIDAD PÚBLICA.-

FUENTE. LA GACETA

• El sobrecoste de la sanidad pública

  JOAN TOBAU

  
  

  El coste del servicio cuando se realiza a través de concertación en una clínica privada es significativamente menor que el coste medio en la pública. El ahorro puede llegar a ser del 80%

  En la madrugada del 15 de abril, Martín sintió un fuerte dolor en su región inguinal derecha. Se trataba de un caso de apendicitis y era necesaria una intervención inmediata. Como beneficiario de una póliza de seguros, hubiera podido ser atendido en un centro privado pero, por cuestiones de proximidad, prefirió ser trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los médicos practicaron una apendicectomía, un procedimiento sencillo (abrir y extirpar el apéndice inflamado) que raramente presenta complicaciones. El 7% de la población mundial sufrirá en algún momento de su vida el “dolor intenso” que sintió nuestro enfermo. La inmolación inesperada del apéndice puede producir, si esta parte inútil y peligrosa de nuestro cuerpo termina rompiéndose, una peritonitis. Pero la situación no se complicó y, después de dos días en planta, Martín ya estaba de vuelta en casa. El paciente no pagó ninguna factura pero su operación tenía un coste. “No hay tal cosa como un almuerzo gratis”.

  Según datos de un informe de la Federación Nacional de Centros y Empresas de Hospitalización Privada, el procedimiento quirúrgico costó a la Administración 2.958 euros. El coste en una clínica privada, según precio actualizado del concierto, hubiera sido de unos 2.000 euros. ¿Qué razón explica la diferencia? Organización y productividad. Con menos recursos que los hospitales públicos, estas clínicas aprenden, por simple cuestión de supervivencia, a gestionar mejor su dinero.

  Cataratas o artroscopia de rodilla

  El modelo de conciertos expone las grandes diferencias en términos de eficiencia entre el sistema público y el sistema privado. Cuando las listas de espera son largas, las Administraciones pactan a través de los centros privados un porcentaje de las intervenciones. Se realiza entonces un concurso. Las clínicas deben realizar una oferta ajustándose al coste máximo presupuestado por cada comunidad. Quien ofrece el menor precio obtiene la concesión. El concurso no suele quedar desierto, hecho que demuestra que los ofertantes no pierden dinero.

  Curiosamente, el coste del servicio cuando se realiza a través de concertación en una clínica privada (precio máximo de la subasta) es significativamente menor que el coste medio en los organismos públicos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una operación de cataratas tiene un coste en modalidad de concierto de 800 euros. La misma intervención en un hospital público cuesta 2.238 euros. La satisfacción del cliente (indicador con el que mediremos la calidad del servicio) es alta en ambas situaciones; la única diferencia es el coste.

  Una artroscopia de la rodilla tiene un precio de 900 euros en un centro privado y 2.224 euros en un centro público. Sucede algo parecido en el resto de comunidades. La misma artroscopia en Castilla y León está adjudicada a un centro privado por 1.020 euros mientras que en la red pública el coste medio son 1.591 euros. El sobrecoste innecesario en el sistema público es sufragado por el contribuyente.

  El problema, efectivamente, es la deuda. El efecto nocivo que produce que todas las comunidades incrementen su pasivo, a la vez que las moratorias siguen ampliándose. Los recortes en los presupuestos autonómicos han llevado a reducir el número de conciertos a la vez que se renegocian a la baja contratos ya firmados, práctica de cuestionable legalidad. Privatizaciones recientes solo demuestran que los políticos no tienen una estrategia clara, parece que ni siquiera entienden la situación. Privatizando centros públicos están reconociendo que ellos no saben cómo dirigir la asistencia sanitaria. No tiene sentido entonces reducir el número de conciertos, un modelo eficiente basado en la gestión privada que ha permitido un ahorro de hasta el 80% en algunos procedimientos.

  ¿En defensa de lo público?

  El sistema varía en función de la comunidad autónoma pero el denominador común es que la Administración siempre paga un precio menor cuando externaliza el servicio a una clínica privada. La pregunta resulta obligada: si los centros bajo control del Estado son menos competitivos, ¿por qué no privatizarlos? Dificulta el proceso una oposición popular que confunde la provisión universal del servicio (derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española) con la provisión pública. Muchos no entienden que si queremos hospitales excelentes, no es buena idea que estén bajo control político. La relación suele ser inversa: si buscan encarecer un producto, garanticen el monopolio al Estado (Iberia, Telefónica, etc.). El problema es que la opinión popular está fuertemente influenciada por un lobby sanitario perfectamente organizado.

  Las reivindicaciones sindicales critican unas “reformas que perjudican a los ciudadanos” pero los funcionarios esconden en su defensa de lo público unos intereses particulares: quieren seguir trabajando lejos de la competencia que plantea el mercado. Los números demuestran que el concierto, pagado con fondos del Gobierno, es una alternativa superior a la hora de asegurar el acceso universal a la Sanidad. Si los médicos fueran coherentes con sus reivindicaciones para la ciudadanía, propondrían la privatización. Las clínicas serían los proveedores, pero el Estado seguiría pagando las facturas. Si la privatización se realizase siguiendo criterios económicos (y no regalando la concesión a amigos del partido), todos los centros operarían a un menor coste y el contribuyente obtendría las mismas prestaciones pagando menos impuestos. El servicio seguiría siendo universal y gratuito, pero reduciríamos el poder de unos rentistas que actúan como falsos portavoces de la sociedad.

  Cualquier reforma planteada debería eliminar duplicidades. Josep Maria Padrosa, director de CatSalut, explica que “entre un 20% y un 40%” de la actividad en centros sanitarios públicos sufre, en mayor o menor grado, un problema de duplicidades. La Consejería de Sanidad, coordinador central en Cataluña, es responsable último de corregirlas. De producirse una reestructuración, Padrosa estima un potencial ahorro anual de 60 millones de euros. Insostenible pagar un modelo expansivo diseñado durante los años de la burbuja. Las 7,6 millones de pólizas vigentes hoy en España permiten la viabilidad de un modelo que colapsaría sin empresas de seguro privadas.

  Mayores desgravaciones

  El esfuerzo de aquellos contribuyentes que pagan una doble cobertura (Seguridad Social y la mensualidad de una mutua) debería ser recompensado con mayores desgravaciones fiscales. La sanidad requiere una consolidación fiscal mediante una corrección del gasto, no hay margen para subir más impuestos. Introducir el copago sanitario es una medida simbólica que cubre una pequeñísima parte del servicio. Necesitaría una reestructuración total del sistema sanitario adaptado a la nueva realidad económica, ajustando el modelo a las necesidades de la población. La buena noticia es que podemos mantener la calidad optimizando la estructura organizativa y trabajando mejor. Habrá menos dinero pero es posible reasignarlo mejor. 

  El drama de la deuda

  La mayor competitividad de los centros privados queda demostrada si estudiamos el rendimiento de los trabajadores. Actualmente, los centros privados cubren el 25% de la asistencia con una plantilla que representa el 14% de los empleados de la sanidad en España. Con menos personal cubren una cuota mayor. La eficiencia se extiende a ámbitos como el gasto en material. Visto el éxito del sistema privado, los Gobiernos autonómicos han aprovechado los conciertos para descongestionar las listas de espera y ahorrar en costes.

  El 35% de los ingresos de estas clínicas depende de ellos. El problema es la deuda. Las Administraciones acumulan ya, en concepto de conciertos, 2.171 millones de euros en deudas. Además, pagan tarde y mal (tendencia que ha empeorado). La solución que los políticos han encontrado pasa por reducir el número de conciertos y demorar, hasta límites indecentes, el pago de la deuda. Un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad estima que los organismos públicos pagan a 135 días de la emisión de la factura. 

  
  

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