Los recortes de la Junta de Andalucía son tan intensos que se está «desmantelando» la sanidad y la educación. Siete sindicatos profesionales independientes no se andan por las ramas y han denunciado que los ajustes que está aplicando el Gobierno andaluz en el sector público están provocando graves consecuencias, no sólo para los empleados públicos, sino para la ciudadanía en general.
En educación, los recortes de la Junta han causado que casi 4.500 profesores de Secundaria que eran interinos no sigan dando clases este curso escolar, mientras que en sanidad las listas de espera están disparadas, advirtió el secretario general del sindicato de Enfermería Satse, Francisco Muñoz.
Aunque el bipartito que gobierna en la Junta, formado por el PSOE e IU-CA, presume de su defensa de lo público, los sindicatos de la función pública sostienen todo lo contrario.
«Los políticos engañan cuando dicen que los recortes no están afectando a la calidad asistencial. Claro que afecta porque hay más carga de trabajo» y es imposible que los pacientes reciban el mismo trato, afirmó Araceli Marín, del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).
Sin embargo, en Andalucía no se han organizado grandes protestas del sector público, que sí las ha habido en Madrid contra los recortes del Gobierno regional, porque la Junta lo hace de forma «solapada». «Otras comunidades hacen los mismos recortes que aquí, pero de forma más torpe», resumió Francisco Padilla, del sindicato de la enseñanza ANPE.
El grado de precariedad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llegado al punto de hacer contratos anuales de once horas a un médico en el Hospital de Poniente de Almería. De hecho, los eventuales están renovando sus contratos mes a mes con reducciones de jornada al 75 por ciento e incluso al 50 por ciento.
'Sobrecarga de trabajo'
Entre los miles de empleados del SAS con jornadas reducidas y que no se están sustituyendo las bajas, hay una sobrecarga de trabajo tan «exagerada» que «siguen subiendo las listas de espera y ya ni se atreven a publicarlas porque son inconfesables», afirmó Antonio Rico, del Sindicato Médico Andaluz. También en atención primaria se están notando los recortes y el «desmantelamiento», ya que el médico dispone de una media de 3,27 minutos para atender a cada paciente, según este sindicato.
El Gobierno andaluz que preside el socialista José Antonio Griñán está aplicando estos recortes mientras mantiene su «red clientelar de miles y miles de enchufados» y la Administración paralela formada por el entramado de empresas públicas, fundaciones y otros entes instrumentales de la Administración autonómica, advirtió Carlos Sánchez, del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).
Aunque la Junta ha culpado al Gobierno de los recortes que está aplicando, algunos se los podía haber ahorrado. Los sindicatos han pedido a la Consejería de Educación que considere las dos primeras horas de guardia como lectivas. De esta forma, algunos de los 4.289 profesores de Secundaria despedidos podrían volver a las aulas.
Abanicos contra los recortes
Los siete sindicatos profesionales independientes de sanidad, educación y administración general se han unido para denunciar el «arbitrario e injusto» ajuste económico que sufren los empleados públicos de la Junta de Andalucía, que serán los únicos de todo el país que soportarán recortes en las pagas extraordinarias de junio y diciembre en 2013.
Uno de estos sindicatos, ANPE, está repartiendo abanicos en los colegios e institutos andaluces en los que se reproducen billetes de euros con la frase: «La Junta de Andalucía te roba la paga extra».
Es una «campaña de difusión masiva de abanicos, que además de ayudar a combatir el calor al profesorado, le recordarán quiénes son los responsables políticos de este nuevo ataque a sus condiciones laborales y profesionales», aclara ANPE.
También los tres sindicatos –UGT, CSIF y CCOO– que forman parte de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta, pidieron ayer a la Administración andaluza que se reconozca de forma retroactiva el derecho a percibir la totalidad de la paga extraordinaria de todos los empleados públicos «sin que sea necesario que el Tribunal Constitucional se tenga que pronunciar».
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