UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA EN LAS TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁLAGA.-

FUENTE: DIARIO SUR


Una vez que el descalabro de los ingresos ligados al urbanismo cortó en términos financieros las alas a los ayuntamientos, las transferencias del Estado y la Comunidad Autónoma se han convertido, junto a la recaudación de los impuestos y tasas municipales, en un pilar fundamental para equilibrar la balanza de ingresos y gastos y, sobre todo, mantener los servicios que ofrecen a los ciudadanos. De hecho, la mayoría de consistorios no han cuadrado sus presupuestos para este año hasta tener la certeza del dinero que percibirán del resto de administraciones y que podrán utilizar de forma incondicionada, es decir, en función de sus necesidades particulares sin tener que justificarlo y al margen de las partidas destinadas a inversiones y actuaciones concretas (transferencias de capital).

Una incógnita que se ha resuelto con una de cal y otra de arena. Mientras el Gobierno aumentará hasta los 440 millones de euros (un 21% más 362 de 2012) las entregas a cuenta en doce mensualidades a los entes locales por la parte que les corresponde de la recaudación de los tributos estatales (IRPF, IVA, IAE e impuestos especiales como los que gravan el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos), la Junta de Andalucía ha decidido congelar su aportación al fondo de participación en los impuestos autonómicos (sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o la tasa fiscal sobre los juegos de azar, entre otros) dejándolos en 480 millones para toda la región (83 para la provincia en cuatro pagos trimestrales) contraviniendo la ley que lo regula en virtud de la cual debería incorporar otros 60 millones más este año. De este modo, se pospone hasta 2015 el objetivo de llegar a los 600 millones.

En la práctica, esta 'moratoria' supone que los ayuntamientos malagueños dejarán de ingresar 11,1 millones de euros. En el Ejecutivo regional justifican esta medida «de carácter extraordinario» amparándose en la necesidad de ajustar el gasto público aunque, a cambio, recuerdan que como contraprestación se han consignado 60 millones en los presupuestos de 2013 para el Plan de Acción Social, diseñado para que los ayuntamientos puedan colaborar en la lucha contra la crisis y el desempleo contratando a parados de larga duración sin ingresos ni prestación para el desempeño de tareas de competencia municipal.

Respecto al dinero procedente de Madrid, cabe matizar que en los 440 millones cuantificados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no están incluidos los descuentos por saldos negativos de liquidaciones de ejercicios anteriores, ya que cada municipio lo podrá devolver en diferentes plazos. De esta forma, considerando que los consistorios deberán reintegrar el dinero de más que percibieron por adelantado de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) en 2008 y 2009, las aportaciones extraordinarias recibidas en 2012 por el saldo positivo de 2010 y la liquidación de 2011 que se materializarán en 2013, la realidad es que en cuestiones estrictas de caja el incremento neto se situará en torno al 6,7%, la media nacional.

Este aparente desajuste se explica en la decisión del Gobierno central de dotar de una mayor liquidez a las administraciones locales, adelantándoles una especie de préstamo que les permitirá salvar la delicada situación que atraviesan las arcas municipales en estos momentos con la ventaja de que, una vez se liquide la presente anualidad en 2015, en caso de tener que devolver parte del dinero podrán hacerlo en un plazo máximo de diez años. Así lo entiende, al menos, el doctor en Económicas y colaborador honorario de la Universidad de Málaga, Juan Manuel Ruiz Galdón, quien considera que con este aumento de la participación de los tributos estatales «lo que podría perseguir el Gobierno es que los ayuntamientos y diputaciones mantengan sus estructuras productivas y la atención y servicios que prestan al ciudadano, ya que si no les garantizara la suficiencia financiera se pondría en mayor riesgo la economía nacional en estos momentos».

En este punto, el economista advierte de que «si las entidades locales quebraran habría un alto riesgo para el sistema económico» puesto que una buena parte de servicios públicos básicos están en sus manos, «servicios para los que se necesita un importante nivel de empleo directo e indirecto e importantes compromisos de pago que atender con terceros».

Diputación



A estas cantidades habrá que unir las que consignará la Diputación Provincial a través del plan de concertación, denominado ahora Plan Provincial de Asistencia y Cooperación. De los 38 millones de euros presupuestados para este capítulo, 25 se destinarán a inversiones, cinco para la asistencia técnica para el desarrollo de distintos proyectos y otros 8 para transferencias a las cuentas de los ayuntamientos. De esta última partida, lo habitual es que estos fondos tengan un carácter finalista para financiar programas de turismo, ocio, cultura, deportes o juventud; sin embargo, también cabe la posibilidad, como ocurrió el pasado año, de que los consistorios puedan disponer de este dinero de forma incondicionada.

«Sabemos que muchos municipios están atravesando verdaderos apuros de tesorería, así que en función de lo que nos hagan llegar los alcaldes decidiremos si los dejamos de libre disposición», explica el diputado de Presidencia de la institución supramunicipal, Carlos Conde, quien destaca «la buena acogida que tuvo el año pasado esta medida sin precedentes a la hora de permitir a los municipios equilibrar sus cuentas, a pesar de que también se dieron algunos casos en los que los fondos no se priorizaron para actuaciones más necesarias».

EN CIFRAS

17.008,3

millones de euros hay consignados en los Presupuestos Generales del Estado en concepto de Participación en los Tributos del Estado (PIE), a los que hay que descontarles 20,1 millones de la liquidación de 2011.

540

millones debería repartir la Junta en 2013 a los municipios andaluces a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) en virtud de la Ley 6/2010, aunque finalmente serán 420, la misma cantidad que en 2012.