Aprobada una moción en la que se pide la modificación de la legislación que regula los desahucios
En la sesión de pleno ordinario que se celebró ayer, la corporación municipal aprobó por unanimidad una moción institucional en la que se insta al Gobierno Central la modificación de las leyes que regulan los desahucios, con el fin de dar solución a este drama social que está afectando a un gran número de personas.
“Todas las instituciones, administraciones, colectivos y sociedad civil organizada, debemos confluir en colaborar hasta la modificación de las leyes estatales injustas”, manifiestan los ediles en la moción. En este sentido, recordaron las distintas medidas que las distintas administraciones han puesto en marcha recientemente para frenar este serio problema.
En la moción aprobada ayer se propone la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil al objeto de que, en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual y única propiedad inmobiliaria, su adjudicación por parte de la entidad financiera suponga el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas así como la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.
Igualmente, se aboga por la paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, por un importe no superior al 30% de la renta del arrendatario. Además, se solicita la aplicación retroactiva de las anteriores modificaciones a los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del deudor en que no se haya decretado la terminación de la ejecución.
Por otro lado, se apuesta por una modificación de la legislación concursal para contemplar la reestructuración de la deuda privada de las familias adquirida por la compra de su vivienda, mediante una quita hipotecaria proporcional teniendo en cuenta que el valor de la propiedad se ha visto reducido.
En este documento, la corporación municipal quiere impulsar la puesta a disposición del parque de vivienda social y de promoción pública de la Junta de Andalucía para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis, favoreciendo el realojo e integración social de las mismas y reorientar la actividad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) para dar respuesta a las familias andaluzas afectadas por procesos de desahucio como consecuencia de la crisis.
Asimismo, se pretende impulsar las nuevas promociones de vivienda pública directa en alquiler, con el objeto de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a los andaluces.
Todas estas propuestas serán notificadas a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a la Consejería de Justicia e Interior y a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la junta de Andalucía y al Gobierno de España.
Como se recordará, la corporación cartameña aprobó el pasado mes de junio por unanimidad una moción en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular de la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. En dicha moción se daba apoyo a la recogida de firmas que hiciera posible la discusión parlamentaria de una ley a través de la Iniciativa de legislativa Popular.
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