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lunes, 2 de diciembre de 2013

¿CON ESTE PANORAMA PIENSA LA JUNTA DOTAR DE PERSONAL EL CHARE DEL GUADALHORCE?.-

FUENTE. MÁLAGA HOY

La Junta de Andalucía es la Administración autonómica que mayor porcentaje de empleo público ha destruido desde el inicio de la crisis. Supera a las otras seis comunidades que perdieron trabajadores públicos (Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja). Las diez comunidades autónomas restantes crecieron en personal. 

Mientras en Andalucía descendió el número de empleados en nómina de la Junta para Consejerías y organismos autónomos, docencia no universitaria y sanitarios en un 6,2%, el número de contratados en los ayuntamientos andaluces cayó en menor porcentaje, en un 5,2%. Aumentaron los efectivos de la Administración General y del personal de las universidades. A causa del descenso en el empleo público de la Junta de Andalucía, el personal al servicio de las administraciones andaluzas disminuye en conjunto un 1,5%, de 478.150 a 470.546 personas. 

Según los datos del Registro de Personal, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 31 de julio de este año había 235.342 empleados dependientes de la Junta de Andalucía, un 6,2% menos que los 251.160 asalariados a 1 de enero de 2007. 

En estos más de seis años, ningún otro Gobierno autonómico ha perdido proporcionalmente más efectivos. Andalucía supera a La Rioja (-5,5%), Castilla-La Mancha (-3,4%), Aragón (-2,3%), Comunidad Valenciana (-2,1%), Extremadura (-1,07%) y Castilla León (-0,4%). Por contra, Islas Baleares (+23,3%), País Vasco (+11,5) y Cataluña (+11) aumentaron en mayor medida su personal durante la crisis. En términos absolutos, las comunidades tienen 20.798 empleados más pese a que la Junta de Andalucía destruyó 15.818 puestos. 

La reducción se concentra en el personal sanitario, de 99.740 en 2007 a 88.466 en la actualidad, un 11,3% menos. De estos efectivos, unos 7.000 salieron en 2012, aunque este año han continuado las bajas de estos profesionales. 

En similar cantidad han descendido los funcionarios y laborales de la Administración general (Consejerías y organismos autónomos), que han pasado de 38.395 a 31.943, un 20,1% menos. Este registro no contabiliza el número de personal en las empresas públicas de la Junta. La Consejería andaluza de Hacienda jamás ha facilitado con exactitud y categorías los trabajadores de este sector, aunque se estima que son unos 28.000. 

El personal de docencia no universitaria es más numeroso que al inicio de la crisis (de 105.105 ha crecido a 107.601, un 2,3%), aunque lejos de los 115.567 que hubo en 2012. En el último año se han perdido 7.000 empleados en educación, explicados en la no cobertura de jubilaciones o excedencias y despidos de interinos. 

Esta última semana la presidenta de la Junta, Susana Díaz, celebró en su proclamación como secretaria general del PSOE la próxima convocatoria de mil plazas de sanitarios, aunque no ha especificado los detalles. En educación la Junta ha anunciado esta semana la convocatoria de 220 plazas para Secundaria, cantidad que los sindicatos UGT y CCOO han considerado insuficiente. 

La tesis de que el mantenimiento del empleo público es una prioridad de los dirigentes de la Junta de Andalucía se difumina en comparación con la evolución de otras comunidades autónomas. 

Incluso los ayuntamientos andaluces, azotados por la asfixia financiera durante estos años, no han experimentado en conjunto una hemorragia tal en sus plantillas. Los empleados en corporaciones locales y diputaciones de Andalucía son 116.433, un 5,3% menos que los 123.003 de 2007. 

Los mayores despidos se produjeron en los entes locales de Cádiz (18,5% del personal que había en 2007 ha sido despedido) y Sevilla (4,9%), mientras que en las provincias de Jaén o Almería no sólo no bajaron los contratados, sino que aumentaron a pesar de la crisis. 

El número actual de empleados públicos de la Junta de Andalucía se remonta a niveles de 2004, cuando contaba con 221.769 empleados públicos. La Administración autonómica inició su andadura en 1982 con 21 funcionarios y 16 laborales.

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