EN BUSCA DE SOLUCIONES PARA LAS DEUDAS MUNICIPALES.-

ARTICULO DIARIO SUR
AUTOR Francisco Jiménez

¿Hasta qué punto resulta crucial que dos municipios separados únicamente por una acera como Fuengirola y Mijas tengan su propio parque de bomberos? ¿Necesita la Diputación contratar a 51 cargos de confianza cuando en su plantilla figuran 1.500 empleados? ¿Es lógico que en Coín haya 21 concejales que prestan servicio a una población de 22.000 habitantes mientras en Málaga hay 31 para 568.000? ¿Tiene sentido que Gobierno, Junta, Diputación y ayuntamientos tengan potestad para impulsar VPO?

Hasta hace unos años, estas cuestiones eran implanteables, pero la fuerte crisis en la que está inmersa el país ha llevado a que en medio del 'tsunami' de recortes que el Ejecutivo central está infligiendo a la sociedad española para cuadrar las cuentas públicas también se haya colado en la agenda la necesidad de redimensionar y racionalizar la eficiencia de los entes locales. Aún no hay nada definitivo, pero desde el Palacio de la Moncloa han ido desgranando a modo de globos sonda durante las últimas semanas la que vendrá a ser su hoja de ruta para reducir costes en los consistorios y, de paso, adelgazar unas estructuras administrativas que se han sobredimensionado en los años de bonanza y que ahora se antojan inasumibles.

La supresión de un tercio de concejales a partir de las elecciones municipales de 2015 y, más a corto plazo, la imposición por ley de topes salariales a los cargos electos de forma que ningún alcalde gane más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de toda la corporación puedan superar el 0,6% del total de gastos del presupuesto, y la limitación de los cargos de confianza para que nunca rebasen en número a los ediles son algunas pinceladas. Pero hay más, como la potenciación del papel de las diputaciones para la gestión de servicios en los pequeños municipios y la tendencia a adelgazar las plantillas mediante la supresión de organismos, sociedades y fundaciones que no sean rentables. Un maremágnum que aboca a los ayuntamientos a su mayor ajuste en la historia de la democracia.

Todo ello en el marco de una amplia reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local en la que está trabajando el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su tramitación no ha hecho más que comenzar, por lo que aún podría sufrir cambios hasta que el anteproyecto actual adquiera rango de ley, pero en cualquier caso se inspira en el principio de 'una administración, una competencia', cuyo trasfondo no es otro que eliminar las duplicidades que se dan a día de hoy en materias como vivienda, deporte, empleo, educación, comercio, seguridad o cultura.

Además, persigue que las instituciones municipales no tengan que asumir competencias que no les corresponden con el lastre económico que ello conlleva al no verse acompañadas ni en tiempo ni en forma de la pertinente consignación presupuestaria.

De momento, los ayuntamientos aguardan con expectación e incertidumbre -y también en silencio- el resultado de lo que se está cociendo en Madrid, con la preocupación añadida de que estas medidas puedan suponer un paso atrás en su autonomía. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) comparten «la apuesta por delimitar las competencias de las administraciones» y que las diputaciones asuman los servicios que no puedan prestar los pueblos, aunque «siempre y cuando la reforma no atente contra los principios de autonomía local» y dejando claro que son precisamente los ayuntamientos «los que más se han ajustado a los objetivos de déficit».

Supervisión estatal

Especialmente crítico se muestra el que fuera director general de Cooperación Local del Gobierno (2004-2008) y de Administración Local de la Junta (2008-2010), Manuel Zafra. «Estas medidas van a suponer la desaparición de la democracia municipal en un buen número de ayuntamientos, ya que si se van a fijar por decreto los estándares de calidad de los servicios que deben prestarse va a dar igual quién gobierne en el municipio», advierte el profesor de Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Granada, quien recalca que las diputaciones «no están para sustituir a los ayuntamientos, sino para asistirlos en aquellas materias en las que no tengan capacidad de gestión». En este punto, cabe reseñar que en un plazo de un año desde que la normativa sea aprobada se evaluará la calidad de los servicios prestados por los municipios con menos de 20.000 habitantes (85 en la provincia de Málaga), de modo que la Diputación se haría cargo de aquellas obligaciones en las que los ayuntamientos 'suspendan' el examen. Llegado el caso, se llegó a barajar incluso la supresión de municipios, aunque esta posibilidad ha quedado descartada para únicamente optar por la agrupación de servicios. No en vano, según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto por prestar los servicios a los ciudadanos es cuatro veces mayor en los municipios pequeños que en las grandes ciudades.

En cualquier caso, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga e investigador del Centro de Estudios Andaluces, Ángel Valencia, aplaude que de una vez por todas se haya planteado «un debate que si no fuera por la crisis actual se habría pasado por alto y todos seguiríamos tan contentos sin atajar el problema y sin reparar en la necesidad de que realmente hay que buscar soluciones en una cuestión tan compleja como es la financiación local».

Solo con la eliminación de estas duplicidades el Gobierno aspira a generar un ahorro de 3.500 millones, que se sumarían al resto de iniciativas que ya están aplicando los consistorios encaminadas a reducir costes: rebajas salariales de empleados y cargos públicos, caída de las inversiones, supresión de gastos superfluos y, en casos como Estepona o Torremolinos, el adelgazamiento de sus plantillas. O como la Diputación, que va a fusionar en un único ente tres de sus empresas: Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde) y Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga (Emprovima). Sobre los temidos recortes de plantillas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que los posibles despidos en sociedades municipales son «consecuencia de la irresponsabilidad política de años atrás». Su presidente en Málaga, Joaquín Pérez, rechaza compartir esta posibilidad, al igual que los recortes a los funcionarios, aunque reconoce «que esta situación no se puede sostener porque los servicios públicos hay que darlos con el personal necesario y no con el entramado de empresas que se han ido creando».

En cuanto entre en vigor la normativa estatal (aún no hay plazos previstos), las instituciones también tendrían que soltar lastre en el capítulo de cargos de confianza. La que más, la supramunicipal, en cuyo organigrama figuran 51. Con la nueva legislación en la mano deberían suprimirse una veintena para equipararse a los 31 diputados que conforman la corporación. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, el personal eventual está en 44, cuando el Salón de Plenos está compuesto por 31 ediles, mientras que en Marbella sobrarían seis (hay 33). El resto de corporaciones sí estarían dentro de las directrices futuras.

El bolsillo de los ediles

Igual de drásticas serían las medidas para ajustar los sueldos de los políticos hasta ese máximo del 0,6% del presupuesto. En el caso de la Diputación, la carga salarial es de dos millones de euros brutos al año incluidos los gastos de Seguridad Social, lo que supone el 0,8% de los 255,4 millones consignados para este ejercicio. Entre los grandes municipios, también superarían este techo Coín (1,16%), Mijas (1,02%) o Antequera (1,02%). En cambio, en la capital apenas llegan al 0,25% debido a las grandes cifras que se manejan en la Casona del Parque (1,8 millones en retribuciones con la Seguridad Social para una balanza de gastos de 740 millones), aunque con el matiz de que hay nueve ediles que solo cobran por asistencia a pleno u órganos colegiados (11.901,4 euros); entre ellos el propio alcalde, Francisco de la Torre, que percibe su sueldo como senador. Tampoco tendría incidencia en Marbella, en donde la carga salarial de su Corporación representa el 0,38% de los 232,2 millones de presupuesto, teniendo en cuenta que los doce ediles de la oposición solo reciben una indemnización por acudir a los plenos y la regidora, Ángeles Muñoz, cobra del Parlamento andaluz. Idéntica circunstancia se da en Vélez (con un 0,41%) y Fuengirola, que se situaría en el límite, el 0,61%, gracias a que la alcaldesa, Esperanza Oña, tiene su sueldo como parlamentaria autonómica y dos ediles del equipo de gobierno cobran de otras instituciones

(Diputación y Mancomunidad).

Para Manuel Zafra, tanto la tijera en la cartera de los cargos electos como la reducción de las corporaciones no es más que «una medida efectista ya que hay muchos municipios pequeños en los que los concejales ni cobran». A su juicio, y sin abandonar el tono crítico, «de lo único que se trata de es de aliviar costes y rebajar los recursos que llegan a los ayuntamientos, no de acometer una verdadera reforma estructural de los entes locales». En este mismo guión, Ángel Valencia reitera que la mayor concienciación de los políticos a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes se debe fundamentalmente a «razones de sensibilidad social y ética pública ante la situación que está padeciendo la sociedad española».

Más optimista se muestra el abogado Diego Martín Reyes. El expresidente de la gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la corporación a raíz de la operación Malaya considera que «evitar la coincidencia de competencias sobre una misma materia permitirá cumplir los mismos objetivos con un coste menor, mientras que el adelgazamiento del número de políticos y cargos de confianza pondrá coto en muchos ayuntamientos que están sobredimensionados». Además, también aboga por plantearse la verdadera eficiencia de los ayuntamientos pequeños. «Sería perfectamente viable la idea de mancomunar estructuras y servicios como se ha hecho en Italia, aunque aquí parece imposible porque tenemos un localismo muy enraizado», subraya.