La Fiscalía provincial de Málaga ha abierto diligencias tras la petición del PSOE para determinar si el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP), ha incurrido en algún delito al no dimitir tras la sentencia que le condenó a un año de suspensión para empleo o cargo público por cohecho.
El fiscal jefe provincial, Juan Carlos López Caballero, ha comunicado la incoación de las diligencias para "esclarecer si los hechos denunciados son constitutivos de infracción penal" en un escrito dirigido al PSOE, al que ha tenido acceso Efe.
El PSOE instó al regidor a que, tras esta sentencia del denominado "caso Troya", dé cumplimiento de las leyes y que el pleno declare la incompatibilidad de su cargo y que se produzca, por tanto, la pérdida de condición de miembro de la corporación municipal.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alhaurín El Grande calificó ayer de "absolutamente espuria e innecesaria" la petición del PSOE al fiscal sobre un posible delito del alcalde y señaló que la Fiscalía "tiene conocimiento exhaustivo del 'caso Troya' y nada ha manifestado al respecto".
Actualmente, Martín Serón está esperando que el Tribunal Supremo dicte sentencia tras el recurso que ha presentado, que pide su absolución.
Martín Serón siempre ha mantenido su inocencia y afirmó en su día que no dimitía porque ello sería de "cobardes" y que pretendía demostrar que no cometió ningún delito.
En la sentencia de la Audiencia de Málaga la Sala consideró que no había quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y el otro condenado, el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, pero sí consideró probado un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.
La Sala no consideró acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor reconoció en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.
En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señaló que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.
Tales hechos se consideraron probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.
El juicio se inició contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio pero, posteriormente, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo.
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