PROTESTAS DE LOS EMPRESARIOS CARTAMEÑOS.-

ARTÍCULO DE LA OPINIÓN DE MALAGA
AUTORA ANA GARCÍA
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Pagar 3.000 euros por fumarse un cigarro antes de entrar a trabajar en el bar o 6.000 por unas gotas de la masa del pan en el lavabo de la panadería supone el cierre para muchas de las pequeñas empresas que sufren la actual crisis. Algunos de los requisitos que Sanidad les exige son tan difíciles de afrontar para los comerciantes más modestos que su única opción es la clausura del negocio.
Empresarios de la localidad de Cártama han manifestado su malestar por la severidad de las inspecciones del Distrito Sanitario del Guadalhorce, que se ubica en la localidad. «Parece que no hay otro sitio, ya sabemos que hay que cumplir con la ley pero tampoco pueden ser tan escrupulosos en tiempos como estos», reconoce el presidente de la Asociación de Empresarios del Guadalhorce, Guadalpyme, Pablo Cabrera.


Una protesta que reiteran los propios comerciantes, especialmente los relacionados con al sector de la alimentación como panaderías, carnicerías, congelados o bares. «Tenemos que tener apuntado en un libro las veces que limpiamos y con qué productos lo hacemos y cuando vienen, que es cada dos por tres, si no lo tenemos, nos multan», lamenta una de las comerciantes de la avenida Manuel de Falla de la Estación de Cártama.
A pocos metros, en una carnicería, también critica su propietario que tuvo que cambiar la cámara frigorífica aún teniendo una en buenas condiciones sin tener recursos económicos para hacer tal inversión. «Y encima los inspectores llegan con una actitud arrogante y con poca educación y sin cumplir ellos mismos con sus obligación de venir con la indumentaria adecuada para hacer su trabajo».

Los empresarios reclaman ahora más que nunca ayuda de la administración pública para salir del bache de la crisis, pero no es lo que reciben con el «acoso» de las inspecciones. «Los pequeños empresarios lo que intentan ahora es sobrevivir y deberían ser un poco más permisivos con un nivel sanitario decente porque lo que están provocando es más desempleo», reconoce Cabrera.
Además, los perjudicados ven claramente en estas inspecciones sanitarias un afán recaudatorio por parte de la administración. Existe una situación de malestar y entienden que haya esta vigilancia pero que se haga con más tolerancia y considerando la situación económica actual.

Por su parte, el Distrito Sanitario del Guadalhorce ha informado de que las inspecciones no están siendo masivas en ningún sitio y que se realizan por zonas como se ha hecho siempre. En concreto, al cierre del primer ejercicio del año que se hace cada cuatro meses, las inspecciones realizadas en la localidad de Cártama fueron 56 y en ninguna se ha levantado ningún acta de sanción. El procedimiento que realizan en las inspecciones es la revisión del cumplimiento de la normativa y el aviso de cualquier falta sancionable que, si el propietario del establecimiento no repara, se sanciona posteriormente. Algo sencillo de entender aunque difícil de afrontar para muchos de los que se encuentran con la soga al cuello.