Artículo de opinión publicado en el Diario El Aguijón
Autor Gerardo Hernandez Les
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Ya han pasado suficientes días para poder hacer un análisis distanciado de los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo. A nivel general no dudamos en destacar que el hecho más sobresaliente –dejando aparte el desastre electoral del PSOE o la victoria espectacular del PP, según se quiera mirar- es, sin duda, la rebelión innegable de algunas bases locales o regionales de IU ante la Dirección Federal del partido, como un rechazo ostensible a repetir los pactos con el PSOE, que durante tantos años han sellado la unión de la izquierda en España.
El correlato de este comportamiento va más allá del alcance que tenga esta significativa ruptura, porque lo sustancial de este asunto es la derivación que se traduce en los acuerdos cruzados entre IU y el PP. Lo que en años anteriores era puramente excepcional a nivel local, en estos días pasados se ha ido concretando en que, al menos, en 20 Ayuntamientos IU ha apoyado al PP para conseguir mayorías de gobierno; en tanto que IU se ha hecho con la alcaldía en no menos de 10 Ayuntamientos con el apoyo del PP. Estos datos son significativos, aunque IU y el PSOE hayan pactado en más de 100 Ayuntamientos.
Poniendo el foco en la provincia de Málaga lo más llamativo es que de los ocho pueblos que cuentan entre 20.000 y 50.000 habitantes sólo en Cártama ha ganado el PSOE. El caso de Cártama empieza a ser un hecho insólito de permanencia socialista en el poder, pero la explicación sociológica de este fenómeno no es la pretensión de este artículo. Lo más relevante es que el PSOE ha ganado una vez más las elecciones y que su pacto para alcanzar la alcaldía ha sido totalmente legítimo, como también lo ha sido por parte de su socio (la CPV), aunque su líder, José Escalona, haya conseguido su acta de concejal reclutando a sus votantes después de convencerles de que iba a hacer lo contrario de lo que ha hecho.
Para que estas cosas no ocurran sería conveniente reformar la ley electoral en tres direcciones posibles:
A).- Proclamar automáticamente ganadora a la lista más votada.
B).- Realizar una segunda vuelta entre las dos listas mayoritarias, que diera a los electores la llave del resultado final, y evitara los pactos contra natura o por intereses espurios.
C).- Que los cargos unipersonales, los alcaldes, fueran elegidos directamente por los electores.
Mientras esto no ocurra, con la actual ley electoral también hubieran sido legítimos los pactos de los partidos minoritarios. En Cártama, la alianza de PP, IU y CPV hubieran sumado más votos que el PSOE y le habrían privado a éste de la alcaldía. La naturaleza de estos pactos ha hecho posible en distintas localidades de toda España que listas mayoritarias del PP o del PSOE no hayan llegado a gobernar.
Así las cosas, lo que hay que pedir ahora, en Cártama, es que la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE (aunque no del gobierno) les mentalice de la conveniencia de un nuevo estilo de gobernar, que sea muy diferente al que hemos conocido en años anteriores. No estamos pensando en la gestión económica – ya difícil para cualquiera en estos momentos- pero que, en manos de los mismos que la han administrado en los últimos años, difícilmente cambiará su rumbo. Y bien que nos gustaría equivocarnos.
En Cártama, la participación política de los ciudadanos (la que sanciona el artículo 9.2 de la Constitución) es harto complicada fuera de los partidos políticos. No es que no sea posible constituir o participar en una Asociación vecinal, aunque sus dificultades materiales, sus relaciones con la administración o su eficacia sean muy limitadas. No, es algo peor. Es que el clima político está tan sumamente enrarecido que la convivencia política se hace prácticamente inviable. No hay que remontarse a la última campaña electoral, donde la propaganda del PSOE contra sus adversarios políticos se podía calificar directamente de injuriosa. Y no digamos que, a fin de cuentas, esto son cosas de políticos, porque los políticos entran en el Código Penal igual que los demás.
El problema es que los socialistas han creado en el pueblo una impronta de su hegemonía política que hace muy difícil –en términos políticos y hasta personales- el diálogo si uno no está con ellos y, sobre todo, si uno está contra ellos por alguna circunstancia políticamente concreta. En estas condiciones el ejercicio de la participación democrática –fuera de los partidos, repito- es casi imposible. Ejercido el derecho cuatrienal del voto, el PSOE ha ejercido hasta ahora el gobierno municipal con el convencimiento de que durante cuatro años, por haber ganado las elecciones, podía hacer prácticamente lo que quisiera. Y la cuestión no es sólo el ninguneo a efectos de la consecución de objetivos o reivindicaciones, sino que el ambiente creado permite la más absoluta falta de respeto personal, que se traduce en la circulación de insidias o en la concreción de acusaciones que, por ser falsas, no se pueden hacer en medios públicos, sino utilizando los foros de Internet, que se han convertido para algunos, conveniente y cobardemente emboscados en un seudónimo, en el mejor vehículo para la exaltación del odio y el espíritu cainita.
Al final, todas estas acusaciones se reducen siempre de forma simplista a una sola: servir a los intereses del PP. La estigmatización que los socialistas han hecho del PP (y de todos los que son asociados al mismo por el mero hecho de criticar al PSOE) ha venido funcionado con mucho éxito en todo el país. Culpar a la derecha de todos los males de España –gracias a una ficticia superioridad moral de la izquierda- ha salido bien durante años gracias a un apoyo intelectual y mediático importante. Pero en las últimas elecciones ha quebrado, excepto en algunas localidades como Cártama, donde si no se produce un rápido cambio cultural y un viraje de la voluntad política, el aislamiento de los disidentes seguirá dando réditos.
Cuesta trabajo pensar en otros cuatro años con el mismo nivel de crispación que el sufrido en la legislatura anterior. La democracia es algo más que acudir a votar cada cuatro años. Y cambiar el clima que estamos denunciando depende, en primer lugar, de la determinación de los que ostentan el gobierno. Los socialistas cartameños están obligados a dejar de utilizar la intolerancia como una forma de rentabilizar el poder. Tienen que superar el “si no estás conmigo estás contra mí” y asumir, como todos, los valores constitucionales, y principalmente los que consagran la igualdad política de todos los españoles como única base real de su entendimiento. De producirse este giro si que estaríamos ante una auténtica política de progreso, de la que todos saldríamos ganando.
GERARDO HERNÁNDEZ LES
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