EL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE ANDALUCÍA PROPONE QUITAR EL ANTIGUO PER.-

El Observatorio Económico de Andalucía es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines, recogidos en el artículo tercero de sus estatutos, son:

Constituir un foro de análisis y reflexión sobre la realidad socioeconómica andaluza y sus tendencias.

Promover el intercambio fluido de ideas, estudios y propuestas, elaborando informes y formulando conclusiones sobre las líneas básicas de actuación de la política económica regional.

Colaborar, con base en el rigor y la pluralidad, en el avance social y en la articulación cívica de Andalucía.
Coayudar al desarrollo de la economía regional y al mejor aprovechamiento de sus posibilidades y recursos.

Se trata de una asociación independiente que basa sus reflexiones y propuestas en el análisis económico integrado por economistas y otros profesionales de muy distintos ámbitos (empresarial, financiero, académico, público, consultoría) de todas las provincias andaluzas.

Observatorio Económico de Andalucía se creó en el mes de marzo de 1990 por un grupo de economistas vinculados a las Cámaras de Comercio de Sevilla y Almería, cuyos Servicios de Estudios propiciaron su actividad y desarrollo hasta el mes de enero de 1998, cuando el Observatorio aprobó sus estatutos que lo convirtieron en asociación independiente.

Desde entonces el Observatorio ha venido realizando sus actividades gracias al patrocinio de varias entidades como Unicaja y Cajamar.

Su actividad principal se concreta en sesiones plenarias para analizar la situación económica. En las sesiones regulares los ponentes invitados exponen un tema de actualidad, a lo que sigue un debate con los asociados y la difusión posterior de las conclusiones más sobresalientes. Asimismo, el Observatorio también ha organizado mesas redondas, debates internos sobre temas monográficos, ruedas de prensa sobre las conclusiones más significativas, y ha participado en los foros a los que ha sido invitado.

*********

AGENCIA EFE

El Observatorio Económico de Andalucía propugna la eliminación del programa de fomento del empleo agrario (antiguo PER) y una reforma en profundidad de las políticas de empleo que pasa por excluir a los sindicatos y a los empresarios de la gestión de los cursos de formación continua y ocupacional.

En un informe titulado "Programa de ajuste y competitividad para Andalucía", el Observatorio económico, integrado por profesionales independientes de distintos ámbitos, basa la necesidad de acabar con el PER en que se concibió hace varias décadas como una medida transitoria y "constituye un terreno abonado para el fraude y el clientelismo y uno de los estigmas más negativos de los andaluces en el resto del país".

Además, alega que no se puede sostener un sistema "ineficiente, ineficaz e injusto sobre la base de que los jornaleros andaluces se verían obligados a cambiar de trabajo o abandonar sus pueblos de origen, cuando actualmente se está produciendo una creciente emigración de trabajadores formados y con notable capital humano.

No obstante, el informe sostiene que la eliminación del programa de fomento del empleo agrario no significa dejar desprotegido al actual colectivo beneficiario sino que se le podrían aplicar las prestaciones convencionales que el Estado del Bienestar prevé en casos similares.

Para este grupo de expertos, el sistema de incentivos del PER es "tan perverso que supone una verdadera trampa de la pobreza para colectivos de trabajadores de baja cualificación, cuya renta es miserablemente sostenida durante años sin atajar las causas últimas del desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo".

Además, sostienen que el argumento convencional de que, en ausencia del PER, se produciría una masiva emigración a las ciudades o profundas bolsas de pobreza rural es "desconocer la realidad o condenar a generaciones enteras a un subsidio ínfimo que induce a la búsqueda de ingresos complementarios en la economía sumergida".

En política de empleo el Observatorio Económico de Andalucía apuesta por una reforma integral tras constatar el "rotundo fracaso" de las políticas activas, competencia de la Junta, y el "inmenso derroche de recursos de los programas de formación".

Aboga por separar a los sindicatos y los empresarios de la gestión de los cursos de formación continua y ocupacional y por hacer una programación de los cursos atendiendo a las demandas de las empresas y colectivos de trabajadores y desempleados organizados, optar por concursos públicos para la asignación de los programas docentes a empresas de formación y controlar y publicitar los resultados por agencias independientes.

También plantea rediseñar el Servicio Andaluz de Empleo para "eliminar de su gestión las interferencias y conflictos de intereses con el bien común derivados de la participación de grupos de presión como sindicatos y organizaciones empresariales" e impulsar las agencias privadas de intermediación.

Igualmente, el Observatorio Económico de Andalucía defiende un cambio en la orientación de las políticas de empleo "encaminadas a salvar a empresas en crisis o mantener empleos ineficientes", lo que, además, produce una "notable fisura en los principios de equidad básicos".

Este organismo también propone en su informe, realizado en marzo pasado antes de la celebración de las elecciones autonómicas andaluzas, la desaparición de la Consejería de Empleo y pasar las políticas activas a la Consejería de Economía, algo que ha ocurrido tras la conformación del nuevo ejecutivo andaluz.

ENLACE AL INFORME COMPLETO