JAQUE A LA LEY DE DEPENDENCIA.-

Según los datos facilitados a primeros de este año por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cártama, más de cien cartameños se beneficiaron en 2.011 de la Ley de Dependencia, o lo que es lo mismo, cien de nuestros vecinos pudieron cubrir sus necesidades básicas gracias a esta Ley la cual, en los próximos dias será tocada de muerte debido a la actual crisis económica que ha llevado al Gobierno central a modificarla y cambiar gran parte de su contenido.

Como siempre suele pasar en estos casos, son los más débiles y vulnerables de nuestra sociedad los que van sufrir estos nuevos recorte y en esta ocasión lo vamos a ver muy de cerca en los más mayores, nuestros padres y abuelos.

Hoy el diario Sur publica una pequeña radiografía de cinco familias malagueñas y en como les va a afectar estos nuevos recortes.

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ARTÍCULO DIARIO SUR
AUTORA AMANDA SALAZAR

LOS ROSTROS DE LA DEPENDENCIA


El cuarto pilar del bienestar se resquebraja. La crisis económica ha llevado al Gobierno a modificar la Ley de la Dependencia y a reformular gran parte de su contenido. A partir de este mes, entra en vigor el Real Decreto con el que se recorta un derecho subjetivo que los expertos ya consideran herido de muerte.
Cinco familias malagueñas beneficiarias ponen rostro a la ley y explican a SUR qué consecuencias van a tener las nuevas medidas en su día a día. Una realidad que se les hace muy cuesta arriba debido a la discapacidad o la enfermedad, pero que se había visto aliviada en parte gracias al apoyo social que supone la norma.

Ahora, afrontan con incertidumbre el nuevo panorama. Sobre todo, temen volver a quedarse solos con el drama familiar que sobrellevan como pueden. Representan a los más de 30.000 malagueños que ya reciben en la provincia alguna prestación, y a los más de 7.400 valorados como dependientes moderados que están a la espera. Y recuerdan: nadie está a salvo de vivir una situación de dependencia en su entorno cercano.


Pero, ¿qué cambios trae consigo la reforma? Para empezar, se destinará menos dinero para financiar el sistema. Según la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, Andalucía dejará de recibir 21 millones de euros debido a la reducción del 13% de la inversión mínima garantizada por la ley.


Además, cambian los criterios para financiar el sistema a nivel autonómico. A partir de 2013, el Estado repartirá el dinero a las regiones en función de la atención que prestan los profesionales, y no tanto la de los cuidadores familiares. Una decisión que perjudica claramente a Andalucía, una de las comunidades que cuenta con mayor porcentaje de cuidadores en el entorno familiar.


Pero no es el único ahorro drástico que trae la nueva norma. Las comunidades solo tendrán que hacerse cargo de los retrasos en los pagos a partir de los dos años. La ley marcaba unos plazos máximos de espera entre el momento en el que se concede la prestación y cuando el usuario empieza a recibirla. Antes, se pagaba de forma retroactiva a partir de los seis meses del reconocimiento. Según un estudio elaborado por los Directores Sociales, Andalucía destinaba 55 millones de euros por este concepto que ahora dejarán de recibir las familias.


Aumenta también el copago. Los dependientes que tengan rentas superiores al IPREM (6.390 euros anuales), tendrán que aportar progresivamente parte de su pensión, hasta un tope del 90%. «Además, ya no se mide solo la capacidad económica del beneficiario, sino la de la unidad familiar e incluso el patrimonio», señala Rafael Arredondo, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga, quien estima que esta medida dejará sin capacidad económica a muchos matrimonios de jubilados en la provincia.


Menos niveles

Además, se reducen los grados de valoración. Seguirán existiendo tres, como hasta ahora: grado III de gran dependencia; grado II o dependencia severa; y grado I o dependencia moderada. Pero dejan de existir los dos niveles comprendidos en cada grado. Una medida que sirve, según el Real Decreto, para hacer más sencillos los trámites y las revisiones, pero que, según Arredondo, rebaja las prestaciones máximas, tanto la vinculada al servicio como la de asistencia personal o el salario que ganan los cuidadores no profesionales.
En este último punto, el Gobierno ha decidido plantarle cara una opción que era excepcional en la ley pero que se ha convertido en la regla general en algunas regiones. Se trata de la opción de que los familiares cobren una prestación económica por el cuidado de la persona dependiente.

En la provincia hay actualmente 21.012 prestaciones económicas de este tipo, según datos de la Delegación de Salud y Bienestar Social, si bien las personas que están afiliadas a la Seguridad Social son 10.644, una de las cifras más altas del país.


Los cuidadores familiares cobrarán este mes un 15% menos. Habrá que esperar cómo adapta la Junta de Andalucía el Real Decreto, porque éste establece además la opción de que la reducción pueda aumentarse hasta el 85%. Además, ahora serán los cuidadores familiares -que recibían hasta ahora un máximo de 520,69 euros mensuales y que ahora pasan a un tope de 442,59- los que paguen las cotizaciones a la Seguridad Social. Hasta finales de año, tendrán que abonar el 85% de la cuantía, y el 100% desde enero, aunque no es obligatorio cotizar en este régimen especial.


Por otra parte, los servicios no serán compatibles. Es decir, que un mismo beneficiario no podrá ir a un centro de día y tener ayuda a domicilio de forma subvencionada al mismo tiempo. Además, en la ayuda a domicilio se establece la necesidad de diferenciar entre la ayuda doméstica y la de cuidado personal -que se pagarán de forma distinta- y se reducen las horas de prestación. Esto se traduce, según Rafael Arredondo, en despidos de auxiliares de ayuda a domicilio y en los centros de día.


Por último, se pospone la entrada de la dependencia moderada, que debía haber llegado en 2011, hasta 2015, lo que deja fuera a más de 7.400 personas en la provincia. Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, aseguran además que en Málaga no se están haciendo nuevas valoraciones o revisiones a la espera de que la Junta adapte el Real Decreto, para lo que tiene seis meses. Los Directores de Servicios Sociales estiman que miles de dependientes morirán esperando las ayudas. «Estamos viviendo el desmantelamiento de la ley y una vuelta al estado de la beneficencia», dice Arredondo.