COMUNICADO DE IZQUIERDA UNIDA CÁRTAMA SOBRE LOS DESAHUCIOS.-

COMUNICADO DE IU CÁRTAMA.-


Cártama a 14 de diciembre de 2012

Fco. Manuel L. Infantes como portavoz del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, en el Ayuntamiento de Cártama presenta la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario.                      

La crisis económica, social y financiera que afecta a España está teniendo efectos dramáticos sobre la vida cotidiana de las familias. A la pérdida de empleo se une la situación financiera por la que atraviesan miles de hogares, que en la etapa de bonanza económica decidieron adquirir una vivienda a precios muy altos y con hipotecas difícilmente asumibles.

Desde el comienzo de la crisis, se han destruido más de dos millones de empleos. De ellos, casi 600.000 sólo en lo que llevamos de año 2012
En este contexto, la pérdida de empleo y la disminución de ingresos familiares, junto al imparable aumento del coste de la hace que sea cada vez más difícil para miles de familias atender el pago de sus hipotecas. Nos enfrentamos a un drama social que está teniendo consecuencias muy graves. Suicidios, depresiones, separaciones familiares son sólo algunas de las cuestiones derivadas de una situación injusta que puede y debe ser corregida con medidas públicas.

El Gobierno de la Nación aprobó en marzo del presente año un Real Decreto ley, el 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, del que ya se advirtió que estaba abocado al fracaso  y que se ha demostrado no ser una herramienta útil para terminar con los desahucios por sobreendeudamiento de las familias. Primero, por los estrictos requisitos  de acceso a las condiciones establecidas y, además, porque se articulaba a través de la adhesión voluntaria del sector financiero a un Código de Buenas Prácticas.

El continuo deterioro de la situación económica y una movilización social sin precedentes, a lo que se han unido pronunciamientos como el llamado Informe Almenar, encargado por el Consejo General del Poder Judicial, de “Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles” o las conclusiones de la abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, que ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas, originaron el inicio de un proceso de negociación política que, si bien no llegó a un resultado consensuado, sí que empujó al Gobierno de la Nación a aprobar y publicar el Real Decreto ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Un Real Decreto cuyo título ya supone el reconocimiento del fracaso de las medidas contempladas en el anterior.



Frente a ello, el Gobierno andaluz, en el marco de sus competencias, ha hecho de la lucha contra los desahucios una prioridad innegociable. Ello se ha plasmado en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un servicio público y gratuito, que a través de una red presencial de oficinas, localizadas en todas las capitales de provincia, presta apoyo a las personas que, como consecuencia de la crisis económica, no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, asistiéndolas en una triple vertiente que abarca la prevención, la intermediación y la protección.

Mediante este Programa, pionero por los tres objetivos que persigue, se quiere allanar el camino hacia la búsqueda de soluciones que permitan asegurar que nadie podrá ser privado de su vivienda como consecuencia de un impago de un producto financiero, por haber perdido su empleo.

Es necesario destacar el importante esfuerzo institucional y animar a su consolidación, debido a la participación en el proyecto de varias Consejerías del actual Gobierno de la Junta de Andalucía:  Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (con el objetivo de que todas las administraciones locales y los servicios de consumo participen en el programa), Consejería de Justicia e Interior (estudiando mecanismos para fortalecer la mediación) y la Consejería de Salud y Bienestar Social (estableciendo protocolos para los casos en los que menores y dependientes formen parte de la unidad familiar que puede ser desahuciada).

Todas las instituciones, administraciones, colectivos y sociedad civil organizada, debemos confluir en colaborar hasta la modificación de las leyes estatales injustas. Y, en este empeño, se ha de poner de manifiesto la clara apuesta, como ha hecho el Gobierno Andaluz, por la protección de la parte más débil en la crítica situación económico-financiera y social por la que estamos atravesando, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, basándonos en el principio a favor del consumidor o in dubio pro consumidor.

El pleno del ayuntamiento de Cártama aprobó por unanimidad el pasado mes de junio una  MOCIÓN EN APOYO A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. En dicha moción se daba apoyo a la recogida de firmas que hiciera posible la discursión parlamentaria de una ley a través de la Iniciativa de legislativa Popular, dado los acontecimientos expuesto el ayuntamiento de Cártama acuerda:


1. Facultad al alcalde para firmar el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

2.- Instar al gobierno de España a:
a)      Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, al objeto de que, en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera suponga el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas así como la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

b)      Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, acordando la paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, por un importe no superior al 30% de la renta del arrendatario.

c)      Aplicar retroactivamente las anteriores modificaciones a los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del deudor en que no se haya decretado la terminación de la ejecución.

d)      Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer que la primera vivienda sea considerada como un bien inembargable, en determinados supuestos (deudor de buena fe, umbral de renta,…).

e)      Modificar la legislación concursal para contemplar la reestructuración de la deuda privada de las familias adquirida por la compra de su vivienda habitual, mediante una quita hipotecaria en la proporción a que el valor de la propiedad se haya visto minorado.

3.- Notificar los presentes acuerdos a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a la Consejería de Justicia e Interior y a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la junta de Andalucía y al gobierno de España.

Fdo. Fco. Manuel L . Infantes
Portavoz grupo municipal IU-LV-CA