El 17 de abril de 2008 varios empleados de Banesto se desplazaron a la oficina de una agencia financiera de Cártama con la que tenían un contrato para recoger documentación contable y analizar lo que allí había ocurrido. En el pueblo los rumores apuntaban a que varios vecinos, una decena, habían visto menguados sus depósitos. En uno de los ordenadores encontraron una carta manuscrita en la que un agente financiero, a la sazón director de la sucursal, reconocía que a varios clientes «les ha sido sustraído el dinero de sus cuentas corrientes de forma irregular».
Ahora, el director está siendo juzgado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de falsedad en documento mercantil en relación con otro continuado de apropiación indebida. En concreto, se le piden cinco años de cárcel, una fuerte multa y que indemnice en 811.719 euros a Banesto, dado que el banco indemnizó en su día a la decena de clientes perjudicados. El fiscal reclama además que pague 16.842 euros más 423 euros a la firma. El juicio acabará el miércoles con los informes finales de las partes.
En su carta, el encausado aseguraba ser «el único responsable de la situación», tras haber estado dos años al frente de la oficina. En la misiva, exoneraba de cualquier responsabilidad a otro agente financiero, y a dos empleadas. «No tienen nada que ver en estas operaciones, siendo su profesionalidad y honradez intachables», aclaraba, y aseguraba al mismo tiempo que «ninguna de esas cantidades han sido utilizadas para mi enriquecimiento. Ahí están las cuentas. Se han ido utilizando para poder formalizar operaciones hipotecarias y para cubrir fuertes descubiertos de otros clientes». También esperaba que el banco «tenga suficiente agilidad para que el asunto no trascienda, ya que la imagen de la firma podría resultar muy dañada».
Días después, se comprobó que el procesado había desaparecido de su domicilio y escrito una carta a su familia explicando los hechos.
El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señala que el acusado, antes del 9 de abril de 2008, cuando se le rescindió el contrato, «prestaba servicios bancarios en una oficina ubicada en la calle Juan Carlos I, de Cártama, como director de una sociedad» que a su vez había suscrito un contrato de agente financiero con Banesto.
«Con abuso de su posición y valiéndose de la confianza de los clientes, desarrolló una actividad irregular con ánimo de obtener un beneficio injusto, mediante extracciones dinerarias no consentidas y desvíos de fondos a terceras personas», señala el acusador público.
En concreto, insiste el fiscal, dispuso presuntamente de los fondos de diez perjudicados, en concreto 811.719,50 euros, una suma que Banesto ya ha devuelto a los clientes.
Los fondos de los que se apropió presuntamente el acusado los destinó «a múltiples intereses, siendo de destacar una serie de empresas vinculadas a una familia, quienes con el dinero detraído recibieron financiación del procesado, que no han devuelto por un total de mínimo 150.000 euros».
Los dueños del grupo empresarial usaron las sumas para pagar nóminas, seguros sociales y otras obligaciones, como reconoció el acusado, dice el fiscal. «A este grupo se le han sellado certificaciones de pagos a la Seguridad Social, que luego resulta no han sido pagadas, por lo que Banesto, ante la reclamación del organismo oficial y habida cuenta de que disponían de un sello que justificaba el pago, ha tenido que abonar al ente público 16.842 y 423,5 euros por pago fuera de plazo», reseña el representante de la acusación pública. Pero hay más beneficiados por haber recibido estas cantidades, en concreto 32 vecinos de la localidad, a quienes les llegaron sumas que van desde los 1.500 hasta 21.000 euros.
Por ello, la Fiscalía reclama que la indemnización a Banesto la pague el encausado, así como también deberá abonar 16.842 y 423,53 euros a la entidad, que a su vez ésta pagó a la Seguridad Social. Con carácter subsidiario responderán, siempre según la petición fiscal, la sociedad que gestionaba la oficina y cada uno de los beneficiarios y el grupo empresarial.
Hay otra acusada, para la que se piden seis meses de prisión y dos multas. Ésta consiguió que el acusado le facilitara una libreta del banco en la que a mano se hizo constar un saldo en la cuenta de su padre de 35.000 euros, dice el fiscal, para ocultar las disposiciones que ella había hecho antes. Así, denunció haber sido perjudicada e imitó la firma de su marido en las pólizas de petición de crédito, añade la acusación pública.
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